En las últimas décadas, hemos sido testigos de un resurgimiento de prácticas esotéricas, incluida la brujería y el chamanismo, que han permeado la vida política y social en México. Esta tendencia, que se presenta bajo la excusa de costumbres ancestrales, plantea una serie de interrogantes sobre la integridad del Estado laico, consagrado en nuestra Constitución.
La conexión entre políticos de alto rango y rituales ocultos se ha vuelto cada vez más evidente, evidenciada por la participación de figuras gubernamentales en ceremonias públicas que invocan prácticas esotéricas. Estos actos, que van desde invocaciones chamánicas hasta rituales de brujería, parecen responder más a la necesidad de fortalecer el poder personal que a un interés real en las tradiciones culturales. La desdibujada frontera entre lo simbólico y lo real se vuelve problemático cuando se permite que tales prácticas influencien decisiones políticas.
Al examinar cómo la magia—definida como la supuesta capacidad de afectar el mundo a través de poderes sobrenaturales—se asocia con rituales de carácter demoniaco, podemos entender el peligro de legitimar tales prácticas en espacios públicos. La imagen de una bruja que se comunica con fuerzas oscuras o un chamán que busca influir en la fortuna de un gobernante sería simplemente grotesca si no estuviese respaldada por la participación de aquellos que ocupan los más altos cargos en el gobierno.
Más alarmante aún es el mensaje que se envía a la sociedad al normalizar estas actividades. Cuando los líderes políticos buscan validación a través de prácticas que desdibujan la racionalidad y el Estado laico, se corre el riesgo de afianzar creencias que divagan entre la superstición y la locura, y se abre la puerta a un proceso de deslegitimación de la razón en favor de lo místico.
No sólo es una cuestión de creencias personales; la implicación de estos actos es directa en la estructuración del tejido social de un país que, por convicción constitucional, debería garantizar la separación entre la religión y el Estado. La participación de políticos en rituales públicos no solo desafía la laicidad, sino que también pone en riesgo el principio de la pluralidad y el respeto a la diversidad de creencias en una nación tan rica en cultura y tradiciones.
Es esencial que, como sociedad, cuestionemos y debatamos la relevancia y la resonancia de estas prácticas en nuestra vida política. La historia muestra que el abuso de las creencias populares puede llevar a la manipulación y a una pérdida de la razón crítica. La brujería y el chamanismo, lejos de ser meras anécdotas folclóricas, están siendo instrumentalizadas en favor de intereses de poder en una esfera que debería ser gobernada por la lógica y la razón.
Invitemos, entonces, a repensar nuestro papel como ciudadanos y a exigir un respeto irrestricto al Estado laico, recordando que la política debe ser un espacio donde la razón y la justicia prevalezcan sobre las sombras del esoterismo.
En el último año, hemos presenciado la participación de diversos funcionarios públicos en eventos que combinan prácticas esotéricas con la toma de decisiones. Un caso paradigmático fue la celebración de una ceremonia ancestral en la que un gobernador, rodeado de chamanes y curanderos, buscaba obtener «bendiciones» para su gestión. Asimismo, durante la campaña electoral, varios candidatos recurrieron a brujos y adivinos para asegurar su victoria. La normalización de estas prácticas no solo desdibuja la imagen del Estado laico, sino que también genera un clima de incertidumbre y desconfianza en la población.
Es importante destacar que el Estado laico no se opone a las creencias personales o las tradiciones culturales. Sin embargo, sí exige que las decisiones políticas se tomen con base en la razón, la evidencia y el diálogo abierto. La utilización de prácticas esotéricas en la esfera política no solo vulnera la integridad del sistema democrático, sino que también genera un ambiente de manipulación y desinformación, afectando el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones públicas con base en criterios racionales.
La falta de regulación en el ámbito de las prácticas esotéricas crea un espacio propicio para la proliferación de charlatanes y estafadores que se aprovechan de la credulidad de la población. Este fenómeno se extiende a los círculos políticos, donde algunos personajes buscan manipular las creencias populares con fines de lucro o poder. La falta de ética en las prácticas esotéricas se convierte en un problema político de primer orden cuando se utiliza para obtener beneficios personales a expensas del bienestar común.
Es fundamental que la sociedad mexicana, con la colaboración de los medios de comunicación y las instituciones educativas, impulse un debate serio y responsable sobre el papel de la brujería y el chamanismo en la vida pública. Recordemos que la libertad de culto es un derecho fundamental, pero también debemos ser conscientes de la necesidad de separar la religión y el Estado para garantizar la justicia, la equidad y el progreso del país.
¡Exijamos un Estado laico que respalde la razón, el diálogo y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria!