La reciente declaración de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al cuestionar la legitimidad del fallo de la jueza que solicitó la eliminación de la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación, así como la posterior acusación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México sobre otro juez alegando que este se extralimitó en un fallo que impacta negativamente al gobierno capitalino, constituyen señales preocupantes que nos alertan sobre un fenómeno que trasciende lo meramente circunstancial en nuestro ámbito político.
Estas actitudes no se presentan como acciones aisladas o como simples controversias temporales, sino que reflejan un patrón sistemático de deslegitimación que se cierne sobre el Poder Judicial, con consecuencias que, en última instancia, ponen en duda no solo la integridad de este poder, sino también la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones fundamentales que sustentan nuestro sistema democrático.
Además, la decisión de la Presidencia de formular un cuestionamiento directo al Congreso sobre la necesidad de acatar o no la orden emitida por la jueza, acompañada de una respuesta contundente de la Cámara de Senadores que declara que no tiene por qué hacerlo, evidencia un profundo y preocupante desencuentro entre las tres principales ramas del Estado.
Este desacuerdo no debe ser visto como una mera violación al procedimiento; está cargado de un significado más profundo que sugiere un intento deliberado por parte del Ejecutivo de posicionarse de facto en un lugar de preeminencia sobre los otros dos poderes de la unión. Tal comportamiento no solo provoca una reflexión necesaria sobre la naturaleza de estas acciones, sino que también nos invita a cuestionar las verdaderas intenciones que subyacen en la dinámica de poder actual y lo que esto podría significar para el futuro de nuestra democracia, que con tanto esfuerzo se ha construido y se ha procurado consolidar a lo largo de los años.
A la luz de estas actitudes preocupantes, nos enfrentamos a un dilema crítico como ciudadanos comprometidos, ya que podríamos sucumbir a la tentación de dejar de cumplir con nuestras propias obligaciones cívicas, encontrando justificaciones para nuestra desobediencia al alegar que cada acción de las autoridades se encuentra extralimitada en su ejercicio, este tipo de mentalidad, en verdad, puede sembrar la semilla de descontento que engendren una rebelión pacífica ciudadana, motivada precisamente por las acciones de aquellos que, en teoría, deberían ser modelos a seguir en la sociedad.
En un clima donde las autoridades minan la legitimidad de los fallos judiciales, me atrevo a afirmar que corremos el riesgo de fracturar completamente la confianza que sostienen las instituciones fundamentales de nuestra convivencia democrática, el escenario que se perfila es por tanto, profundamente alarmante.
Si los líderes políticos optan conscientemente por socavar el Estado de Derecho y por deslegitimar a los jueces en sus sentencias, están transmitiendo un mensaje claro y contundente:
“El respeto a la ley se convierte en un concepto flexible, que puede ser moldeado y adaptado a conveniencia”
Las consecuencias de este tipo de comportamientos son múltiples y devastadoras ya que culminan en la erosión de la confianza en el sistema judicial y en el resto de las instituciones, se está poniendo en peligro la promesa de justicia y la adecuada protección de nuestros derechos fundamentales, principios que deberían ser inquebrantables.
Los valores de equidad, respeto y convivencia pacífica que todos deseamos preservar sea tan siendo amenazados por un ambiente sin control en el que la arbitrariedad y el abuso de poder pueden crecer y prosperar sin límites.
La falta de separación adecuada entre los poderes no puede considerarse meramente un desacierto administrativo; constituye en realidad, una traición profunda a los ideales que sustentan y sostienen nuestra democracia. Cuando los tres poderes dejan de colaborar y funcionar de manera interdependiente convirtiéndose en entes aislados, no debemos olvidar que somos los ciudadanos quienes terminamos pagando el precio más elevado.
El acceso a la justicia se transforma en un privilegio exclusivo de unos pocos, mientras que la lucha por la defensa de nuestros derechos se convierte en una batalla desigual, donde muchos se quedan en el camino despojados de la protección que les corresponde.
Es un momento crucial y decisivo para que reflexionemos sobre las repercusiones que esta dinámica creciente puede tener en nuestra vida diaria y en la sociedad en su conjunto. No podemos permitir que el ciclo de desconfianza y desacato continúe sin interrupción. La salud y el bienestar de nuestra democracia, así como la eficacia de nuestro sistema político, dependen en gran medida de cómo respondamos juntos a estos serios desafíos.
Debemos levantar la voz y exigir que nuestros gobernantes actúen con integridad, ética y responsabilidad, reafirmando, así, la importancia crucial de contar con un sistema judicial sólido, justo y verdaderamente independiente que opere de manera equitativa en beneficio de todos.
Como ciudadanos comprometidos y conscientes, es fundamental que no caigamos en la tentación de deslegitimar las instituciones que son pilares de nuestra sociedad, en lugar de permitir que el descontento y la frustración nos lleven a la parálisis pacífica o a la rebelión violenta, debemos alzar nuestra voz, mostrar nuestra disconformidad y luchar incansablemente por nuestros derechos y por una justicia que realmente sea accesible y efectiva para todos, mediante un esfuerzo colectivo y coordinado podremos restaurar la confianza en nuestro sistema judicial y preservar la integridad de nuestras instituciones, tan necesarias para el bienestar general de la ciudadanía.
Es nuestra responsabilidad, no solo hacia nosotros mismos, sino hacia las generaciones futuras, avanzar hacia un futuro donde la justicia no sea un términos abstracto en documentos legales, sino una presión palpable y accesible para todos. Debemos insistir que el respeto a la ley prevalezca en todas las circunstancias y que cada voz, por más pequeña que sea, cuente en el gran mosaico que es nuestra sociedad.
Es el momento de actuar con decisión, de exigir de manera contundente un cambio que beneficie a la sociedad en su conjunto, de recordar y reafirmar que los valores de justicia y democracia son nuestro lugar común, si no lo hacemos, corremos el riesgo real de que la ambición desmedida de aquellos que ostentan el poder imponga un dominio inaceptable sobre un sistema que por naturaleza, debería ser equilibrado, justo y al servicio de todos.
La lucha por nuestros derechos es una lucha continua que se entrelaza con la lucha por el futuro del país que aspiramos a construir: un país más justo, más equitativo, más comprometido con la dignidad de cada uno de sus ciudadanos y con la verdad. En definitiva, es nuestra responsabilidad colectiva alzar la voz y participar activamente en la defensa de nuestros derechos, porque, al final, es a través de estas acciones que conformaremos el legado que dejamos a las próximas generaciones.