La situación del comercio informal en la Ciudad de México no solo representa un desafío económico, sino también un complejo entramado social que pone en entredicho las capacidades del gobierno para adaptarse a las necesidades de un entorno urbano en constante evolución. Actualizar la normativa vigente, que se basa en el Acuerdo 11/98 —una regulatoria que data de hace más de 25 años— es esencial para abordar las múltiples dimensiones de este fenómeno que afecta el bienestar de millones de ciudadanos.
La Obsolescencia del Acuerdo 11/98
El Acuerdo 11/98, del 16 de Febrero de 1998, diseñado en un contexto socioeconómico muy distinto, ha quedado obsoleto a medida que las dinámicas del comercio informal han cambiado. La regulación actual no toma en cuenta la variedad de actividades económicas que surgen en la calle y las demandas que plantean los nuevos modelos de consumo. En su esencia, esta norma fue formulada para regular ciertas formas de venta en espacios públicos, pero no se ha autoflexibilizado para adaptarse a la multiplicidad de contextos en los que se desarrolla hoy el comercio informal.
El hecho de que este marco legal permanezca en pie, a pesar de su ineficacia, es incomprensible en un mundo que avanza a pasos agigantados y que exige nuevas respuestas ante problemas cada vez más complejos. La inacción por parte de las autoridades no solo perpetúa la existencia del comercio informal, sino que crea un vacío normativo que limita el desarrollo de políticas más precisas y efectivas.
Impacto en las Finanzas del Gobierno
La falta de actualización del Acuerdo 11/98 también repercute en las finanzas públicas de la CDMX de una manera profunda. Se estima que el comercio informal genera una evasión fiscal de 60,000 millones de pesos al año, recursos que podrían ser utilizados para servicios públicos esenciales, como educación, salud y desarrollo urbano. Estos ingresos no solo son necesarios, sino críticos, considerando que la ciudad enfrenta importantes retos económicos, incluida la gestión del crecimiento poblacional y la mejora de su infraestructura, metro, metrobús, calles, baches, agua.
Más aún, las decisiones erráticas sobre la regulación y el control del comercio informal han llevado a gastos innecesarios por parte del gobierno. La intervención para desalojar vendedores ambulantes, sin un plan claro, puede costar al erario hasta 25,000 pesos por cada operación de desalojo. Sin embargo, muchas de estas estrategias resultan ineficaces, dado que los vendedores tienden a regresar rápidamente a las calles, creando un ciclo de gastos que no sólo resulta en pérdida de recursos, sino también en un déficit de confianza por parte de la ciudadanía hacia sus líderes.
Además, la presión sobre las finanzas públicas también se agrava con los costos adicionales en salud pública. El sistema de salud absorbe gastos por enfermedades derivadas del consumo de alimentos en condiciones no controladas, situando a la población en un estado de vulnerabilidad, que a su vez aumenta la carga sobre el presupuesto público.
Condiciones Sanitaria y de Seguridad
La insalubridad asociada con el comercio informal es un tema que no puede ser pasado por alto. En base a un estudio de la Secretaría de Salud, se encontró que alrededor del 40% de los alimentos vendidos de manera informal no cumplen con las mínimas normas de higiene. Esto conlleva riesgos significativos para la salud pública, lo que en turnos se traduce en un aumento de enfermedades gastrointestinales y otros problemas de salud que derivan en costos adicionales para el sistema de salud pública.
El gobierno, por lo tanto, enfrenta una doble carga: por un lado, tiene que invertir recursos en controlar la informalidad y, por otro, debe destinar una parte considerable de sus finanzas al tratamiento de enfermedades que pueden prevenirse con un sistema de comercio regulado. Este ciclo de costos incrementales pone de manifiesto la necesidad urgente de una reformulación de políticas que aseguren los derechos tanto de los vendedores informales como de los consumidores.
Competencia Desleal en el Mercado
La competencia desleal es otro resultado inevitable del comercio informal, avivando tensiones entre quienes operan dentro del marco legal y aquellos que eligen evadirlo. Las empresas establecidas, que no solo deben cumplir con la normativa fiscal y sanitaria, se ven forzadas a competir en un entorno marcado por la inequidad. Un estudio de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México señala que alrededor de 20,000 pequeños y medianos negocios han cerrado en los últimos cinco años, lo que ha llevado a la pérdida de más de 100,000 empleos formales. La incapacidad del gobierno para regular el comercio informal resulta en un entorno donde la estabilidad económica de décadas se ve fracturada.
Este fenómeno no solo afecta a los pequeños y medianos empresarios, sino que repercute en toda la economía local. A medida que los negocios formales cierran, hay un efecto dominó que impacta en la recaudación de impuestos, el empleo y el crecimiento. Además, genera una pérdida de confianza en el sistema económico, lo que lleva a una menor inversión tanto nacional como extranjera.
Hacia una Nueva Estrategia de Regulación
La situación actual demanda un cambio inmediato. No solo es imperativo derogar el Acuerdo 11/98, sino que es esencial establecer un nuevo marco que contemple las realidades del comercio informal del siglo XXI. Las políticas deben ser inclusivas, permitiendo la formalización de los trabajadores informales, y asegurar que se les brinden capacitación y recursos para mejorar sus condiciones y facilitar su transición hacia el comercio formal.
Esta estrategia podría incluir la creación de espacios designados para el comercio informal, donde se garantice la seguridad alimentaria y la higiene de los productos vendidos. Al mismo tiempo, se podrían establecer incentivos fiscales temporales para aquellos que decidan formalizarse, así como programas de capacitación que proporcionen a los trabajadores informales las herramientas necesarias para gestionar su propio negocio de manera eficaz.
Adicionalmente, se debe trabajar en una mejor educación para los consumidores, que les permita saber identificar productos de calidad y así contribuir a un mercado más viable y responsable. Con una mayor transparencia en las decisiones y una colaboración abierta con todos los involucrados, la ciudad podría comenzar a cerrar la brecha que separa el comercio informal del formal y generar un ecosistema urbano más sostenible.
La perpetuación del comercio informal en la Ciudad de México bajo un marco regulatorio obsoleto es un fenómeno que tiene profundas implicancias económicas, sociales y de salud pública. Las finanzas de la ciudad, ya presionadas por diversos factores, no pueden permitirse seguir en este ciclo insostenible. La falta de un enfoque renovado y coherente contribuye a la inseguridad, la insalubridad y la competencia desleal, ampliando las brechas de inequidad en la metrópoli, además de que cae un velo de oscuridad sobre la pertinencia de mantener los cotos de poder de la informalidad como fuente de activos electorales.
Es hora de que el gobierno adopte un enfoque integral y moderno para regular el comercio informal, que no solo contemple la realidad actual del entorno económico y social, sino que también fomente la creación de oportunidades de desarrollo equitativas. Solo así, con un marco renovado y políticas inclusivas, se podrá garantizar un futuro más justo y próspero para todos los ciudadanos de la Ciudad de México. Esta tarea, aunque desafiante, es crucial para convertir la informalidad en una oportunidad de crecimiento y avance hacia un desarrollo sostenible que beneficie a la totalidad de la población.