El reciente anuncio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre la condonación de multas, recargos e intereses a pequeños y medianos contribuyentes ha desatado un intenso debate sobre su lógica y su alineación con el ambicioso Plan México, que pretende triplicar el crecimiento económico del país, alcanzando casi un 6% anual en los próximos diez años, lejos de ser una medida que promueva un crecimiento genuino, la acción del SAT parece más una maniobra política que una solución sustentable, es un movimiento que evidencia una profunda desconexión entre las aspiraciones de crecimiento de la administración y las realidades económicas que enfrentamos.
La economía mexicana, que presentó un crecimiento de solo el 2.5% en 2024, se encuentra atrapada en un ciclo de inercia, este contexto de aspiraciones se complica aún más por el hecho de que las políticas implementadas en los últimos seis años han ido completamente en contra de apoyar un crecimiento de esa magnitud, la inestabilidad política que refleja la inseguridad, la erosión de instituciones clave y las decisiones que han restringido la inversión privada en áreas estratégicas como la energía, han creado un ambiente que es, en muchos sentidos, hostil a cualquier aspiración de crecimiento acelerado, ahora la sustitución de importaciones, promovida bajo el Plan México, se convertira en un lastre que limita el crecimiento en lugar de fomentar la autosuficiencia, dicho enfoque retrógrado no solo contrarresta el potencial de desarrollo económico, sino que también refuerza un ciclo de dependencia que ahoga la iniciativa privada.
Actualmente, la inversión en México se sitúa alrededor del 24.3% del Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje que incluye tanto la inversión pública como la privada; aproximadamente el 88.5% de la inversión total proviene del sector privado, mientras que el 11.5% corresponde a la inversión pública, a pesar de que se requieren niveles de inversión más altos para estimular el crecimiento, la política económica actual ha disuadido capital crítico, la inversión privada, esencial para el desarrollo, se ve obstaculizada por un proceso regulatorio laborioso y por el constante intervencionismo estatal que crea incertidumbre, aumentar esta inversión es una condición sine qua non para cualquier plan que aspire a un crecimiento robusto, así la absurda concepción de crecer tres veces más de un día para otro, plantea un dilema crítico, ya que el crecimiento económico no es un interruptor que se pueda encender a voluntad; es un proceso que depende de fundamentos sólidos: una infraestructura robusta, capital humano cualificado y un marco institucional que garantice seguridad y certeza jurídica.
La condonación de multas y recargos puede ser percibida como una medida populista destinada a aliviar la carga fiscal, pero en realidad es un gesto superficial que no aborda las raíces del fenómeno económico, este tipo de aproximación no resolve los problemas estructurales y en cambio, podría perpetuar una cultura de incumplimiento y desinterés por parte de los contribuyentes hacia sus responsabilidades cívicas y fiscales, además, si el gobierno actual realmente desea intentar alcanzar un crecimiento del 6% anual, debe corregir de manera inmediata y sin titubeos el rumbo de sus políticas, no se puede continuar en la senda de las decisiones erráticas; ignorar las lecciones de una administración que ha resultado contraproducente solo perpetuará el estancamiento, en lugar de aplicar soluciones temporales y paliativas, se necesita una estrategia clara y efectiva que promueva un clima propicio a la inversión, fomente la creación de empleo y recupere la confianza de los inversores.
El clima inversor es un termómetro del estado de la economía, sin embargo, la política actual ha desalentado la inversión privada al fomentar un marco normativo que es percibido como opaco y arbitrario, las reformas en el sector energético por ejemplo, han cerrado las puertas a la inversión externa y a la competencia saludable, elementos vitales para la innovación y la competitividad, decisiones que no solo limitan las capacidades del sector, sino que refuerzan una noción de autosuficiencia que, en la práctica, se traduce en ineficiencia, las empresas nacionales se ven obligadas a competir en un entorno subóptimo, lo que a la larga repercute en una menor disponibilidad de bienes y servicios, así como en precios inflacionarios.
Los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, buscan estabilidad y previsibilidad, la idea de que el crecimiento económico puede ser forzado o acelerado mediante medidas fiscales temporales es un concepto que va en contra de los axiomas económicos más básicos, esta inconsistencia en la política fiscal puede llevar a una falta de confianza en la gestión del gobierno, lo que, a su vez, puede llevar a una fuga de capitales y a la depresión de la inversión, si el Estado se decanta por condonar deudas a expensas de la estabilidad fiscal, se corre el riesgo de crear un entorno de incertidumbre que desincentive la inversión a largo plazo, lo cual es crucial para alcanzar cualquier meta de crecimiento.
Aumentar la tasa de inversión a esos niveles necesarios en un contexto donde el déficit fiscal permanece en el 3.2% del PIB y la deuda pública se aproxima al 50% del PIB es, en sí mismo, un sueño casi inalcanzable, la condonación de cargas fiscales, en lugar de ser un alivio para fomentar la inversión, podría resultar en una mayor fragilidad del sistema tributario que afecte significativamente la capacidad del gobierno para financiar proyectos e infraestructura que realmente impacten el crecimiento.
Asi, contraste entre la retórica del crecimiento y la realidad de las políticas implementadas no podría ser más contradictorio, querer triplicar el crecimiento sin una base económica sólida y sin un compromiso firme hacia la sostenibilidad es, en sí mismo, un ejercicio de ilusoria ambición, se presenta una necesidad urgente de reconocer que las medidas cortoplacistas destinadas a generar alivio inmediato son incompatibles con la seriedad que requiere un plan de crecimiento a largo plazo.
La aspiración de México a alcanzar un crecimiento constante y robusto debe basarse en un enfoque que priorice la estabilidad y la equidad fiscal, es imperativo fomentar la inversión y sobre todo, promover una cultura de cumplimiento que asegure que todos los actores económicos contribuyan equitativamente al avance del país, la condonación de multas y recargos, en lugar de ser vista como una panacea, debe ser confrontada como lo que es: una solución temporal que, sin un marco claro y sostenible, pone en riesgo las aspiraciones de crecimiento.
El momento que vivimos exige una reflexión profunda y crítica sobre nuestras prioridades, si realmente aspiramos a un desarrollo inclusivo y sostenible, es fundamental cuestionar a fondo las decisiones que tomamos en el presente y sus repercusiones en el futuro, crecer a casi el 6% no puede ser un destino aguas arriba sin construir un camino seguro y sostenible hacia él.
La capacidad de México para alcanzar un futuro próspero depende de la valentía de sus líderes para enfrentar la realidad, corregir el rumbo de manera decisiva y formular un plan que dé sentido a este crecimiento, introduciendo políticas verdaderamente efectivas que sirvan a los intereses de la nación y su gente, en lugar de perpetuar el estancamiento y la dependencia del gasto público.