Cuando reflexiono sobre lo que hace que una ley sea verdaderamente exitosa, mi mente no se detiene en las palabras meticulosamente escritas en un código, en los encendidos debates que le dieron vida o en las promesas que la arroparon al nacer. Una ley, por sí sola, es apenas un armazón, un intento de ordenar el caos humano, una aspiración que espera ser algo más que tinta sobre papel. Su grandeza, su capacidad de transformar vidas y de sostener el delicado equilibrio de una sociedad no está en su redacción, por impecable que sea, sino en las personas que la hacen realidad: los servidores públicos. Son ellos quienes, con cada acto, con cada decisión, con cada momento de compromiso o negligencia, determinan si una ley será un pilar del bien común o un eco hueco que se pierde en la indiferencia.
He pensado mucho en esto y me parece que el corazón de una ley no late en sus artículos ni en sus sanciones, sino en la humanidad de quienes la aplican. Una ley puede estar impregnada de los más nobles ideales —justicia, equidad, protección de la dignidad humana—, pero si los servidores públicos que la ejecutan carecen de integridad, empatía o un sentido profundo de responsabilidad, esas palabras se desvanecen como promesas rotas.
En cambio, cuando un servidor público abraza su rol con devoción, cuando ve en cada persona no un trámite más, sino un ser humano con derechos inalienables, con sueños y heridas, la ley cobra vida, se convierte en un puente hacia la justicia, en un refugio para los vulnerables, en un recordatorio de que la dignidad de cada individuo es el fundamento de cualquier sociedad que aspire a ser justa.
El bien común, ese ideal al que toda ley debería servir, no es una abstracción ni un discurso vacío, es el resultado de miles de decisiones cotidianas, de pequeños y grandes actos que buscan dignificar la vida de todos, no solo de unos pocos, una ley bien aplicada no se limita a resolver conflictos o a imponer reglas, restaura la confianza en la convivencia, protege a quienes más lo necesitan y fortalece funcionalidad de los lazos de una comunidad, para para que esto ocurra se requiere algo más que seguir procedimientos, se necesita un compromiso visceral con la idea de que cada persona merece respeto, equidad y un trato que reconozca su valor intrínseco, un servidor público que actúa con esta convicción no solo da vida a la ley, sino que la eleva, la hace un instrumento de esperanza y un reflejo de lo mejor de nosotros.
Sin embargo, hay una frase que a veces escucho y que me estremece por el desprecio que destila: “No me digan que la ley es la ley”. Esas palabras, dichas con desdén o cinismo, son un golpe directo al estado de derecho, a la justicia y a la dignidad humana, quien las pronuncia no solo rechaza la idea de que las leyes son un pacto colectivo para vivir en armonía, también menosprecia el esfuerzo de construir un sistema que, con todas sus imperfecciones, busca protegernos del caos y la arbitrariedad, decir “la ley es la ley” con sarcasmo es despojar a las normas de su propósito: garantizar que nadie quede desamparado, que la justicia no sea un privilegio, que la dignidad de cada persona sea respetada, como si con una sola frase, se tirara por la borda el delicado equilibrio que sostiene una sociedad.
Esa actitud, ese desprecio, es veneno para el estado de derecho, por qué el estado de derecho no es solo un conjunto de reglas, es la promesa de que todos, sin excepción, estamos sujetos a un orden que valora la justicia por encima de los caprichos individuales, cuando un servidor público adopta esa mentalidad, cuando actúa como si la ley fuera un estorbo o una excusa para la indiferencia, traiciona no solo su deber, sino la confianza de quienes dependen de él y peor aún, hiere la dignidad de aquellos que buscan en la ley un amparo, una respuesta, una esperanza.
Cada vez que una ley se aplica con apatía, con favoritismos o con un encogimiento de hombros, se perpetúa una injusticia que va más allá del caso individual, se erosiona la fe en que el sistema puede funcionar para todos.
Por eso, cuando pienso en el éxito de una ley, no pienso en titulares grandilocuentes ni en estadísticas frías, pienso en el servidor público que, frente a la tentación del cinismo o la comodidad, elige actuar con rectitud, pienso en la persona que, en la monotonía de su escritorio o en el fragor de una decisión difícil, recuerda que su trabajo tiene el poder de sanar, de incluir, de devolverle a alguien la certeza de que su voz importa.
Porque una ley no es nada sin las manos que la sostienen, sin las conciencias que le dan vida, en un mundo donde frases como “no me digan que la ley es la ley” pueden deslizarse con facilidad, el verdadero triunfo de una ley está en quienes la aplican con un compromiso inquebrantable por el bien común, por la justicia y por la dignidad de cada ser humano.
Son ellos quienes hacen que una ley no sea solo un mandato, sino un acto de humanidad y en ese acto, en esa elección diaria de servir con honor, reside la posibilidad de un mundo más justo, más digno, más humano.