La Designación de Cárteles como Grupos Terroristas
La reciente determinación del gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, de clasificar a ciertos cárteles de la droga como grupos terroristas, no solo marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado, sino que también revela las profundidades de una crisis que ha estado latente en México durante años, desde el cártel de Sinaloa hasta el de Jalisco Nueva Generación, estos grupos han tejido redes complejas que han penetrado las estructuras más fundamentales del gobierno, la economía y la sociedad civil, esta decisión, lejos de ser un mero acto retórico, redefine el contexto operativo y legal en el que se desenvuelve el narcotráfico, al tiempo que complica aún más la relación entre el Estado mexicano y organizaciones criminales, para aquellos considerados “apoyos del terrorismo,” ya sean políticos, empresarios o ciudadanos comunes, las repercusiones son inmediatas, catastróficas y en muchos casos fatales.
Ser etiquetado como «apoyo del terrorismo» puede tener consecuencias devastadoras en varios niveles, a nivel internacional la ley estadounidense no se limita a regular la actividad de funcionarios públicos; cualquier ciudadano mexicano identificado como colaborador o apoyo de estos cárteles puede convertirse en un blanco para las autoridades estadounidenses, se habilita el enjuiciamiento penal no solo de aquellos directamente implicados en actividades ilícitas, sino también de aquellos que les brindan apoyo financiero, logístico o político, en este contexto sombrío, cualquier persona, independientemente de su posición social, puede ser perseguida, arrestada y enfrentar severas sanciones legales si es identificada como parte de una red de complicidad.
Esta presión se intensifica ante el hecho de que la justicia estadounidense tiene la facultad de buscar y capturar a estas personas en cualquier parte del mundo, los acuerdos internacionales de colaboración y extradición permiten que las autoridades actúen sin limitaciones geográficas, convirtiendo a un simple ciudadano que viva en México en un posible objetivo de detención en cualquier país, este marco legal crea un clima de miedo y desconfianza, donde la ética y la legalidad se ven distorsionadas y las fronteras se convierten en líneas borrosas en un juego de captura y castigo.
Resulta increíble imaginar que el nivel de corrupción o de colaboración del Estado mexicano con el narcotráfico sea tal que el propio país pudiera ser declarado un estado que apoya el terrorismo, sin embargo, el riesgo es real y debe ser considerado con la seriedad que merece, si se presentaran pruebas contundentes de que el Estado no solo tolera, sino que protege y financia a estos grupos criminales, las repercusiones para la imagen internacional de México serían catastróficas, la creación de un nuevo paradigma donde el país sea visto como un actor en el apoyo al terrorismo no solo aislaría a la nación en el ámbito diplomático, sino que también podría generar sanciones económicas devastadoras, evidenciando una crisis de confianza que ya está comenzando a germinar en el ámbito empresarial, por ello no es comprensible la negativa del gobierno de México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, en aceptar esta categorización de los cárteles como terroristas, buscar en parte preservar la soberanía nacional y evitar que la violencia existente se convierta en una justificación para intervenciones externas, es una postura retrógrada y comete un grave error estratégico.
Al no reconocer el impacto de esta designación, el gobierno podría estar enterrando la oportunidad de establecer nuevas relaciones internacionales que favorezcan la construcción de un marco de seguridad más robusto y efectivo, ignorar las implicaciones de esta categorización puede llevar a un vacío institucional que propicie la impunidad y el fortalecimiento del crimen organizado, además de las implicaciones políticas y jurídicas, la sombra de esta situación se proyecta sobre las inversiones estadounidenses en México, las empresas que operan o que contemplan establecerse en el país podrían frenar sus actividades debido a la incertidumbre que genera la posibilidad de que sus socios mexicanos estén vinculados, directa o indirectamente, con el narcotráfico, la duda sobre el origen de los fondos y la posibilidad de que el capital que sostenía sus operaciones provenga de actividades ilícitas puede traducirse en una reducción drástica de la inversión extranjera directa, vital para la economía mexicana, las empresas podrían optar por retirarse o suspender nuevos proyectos hasta que se aclare el panorama, aumentando la inestabilidad económica en un país que ya enfrenta serias dificultades en este ámbito.
Esta designación como grupos terroristas no solo tendrá efectos en las inversiones, sino que también generará un mayor escrutinio y presión sobre las empresas que operan en México, las medidas adicionales de debida diligencia se traducirían en costos más altos y en una mayor complejidad para llevar a cabo operaciones comerciales, lo que podría disuadir aún más la inversión, la interconexión entre el narcotráfico y la economía formal se hace cada vez más evidente y muchos negocios legítimos podrán verse forzados a cerrar o a reducir significativamente su tamaño, creando un ciclo vicioso de desempleo y pobreza.
La designación de los cárteles como grupos terroristas debe ser el catalizador para un enfoque renovado que no solo se limite a arrestos y juicios, sino que promueva la creación de instituciones más fuertes y transparentes que rindan cuentas a la ciudadanía, la lucha contra el narcotráfico debe ir de la mano con la construcción de un estado de derecho robusto, donde la justicia no sea únicamente una herramienta para la represión, sino un medio para generar cambios positivos y duraderos, la declaración de los cárteles como grupos terroristas es más que un mero cambio terminológico; es una llamada urgente a la acción que redefine la lucha contra el crimen organizado y su influencia en la política, los desafíos son abrumadores y las repercusiones son reales e internacionales, impactando no solo la política interna, sino también poniendo en jaque la confianza de los inversionistas, la estabilidad económica y sobre todo, el bienestar de millones de ciudadanos, este sombrío panorama ofrece la posibilidad de un renacer en las relaciones entre el Estado y la ciudadanía, donde la justicia y la transparencia adquieren un lugar central y vital.
En este contexto crítico, México se encuentra en un cruce de caminos, la dirección que tomen nuestro líderes políticos determinará si este cambio se convierte en un verdadero punto de inflexión hacia un futuro más seguro y justo o si por el contrario, se convierte en otra etiqueta superficial que perpetúe un sistema que ha fallado a su pueblo, la lucha contra el narcotráfico y la búsqueda de un estado más justo y seguro dependen de la voluntad política de enfrentar una realidad innegable: el narcotráfico y sus vínculos con el poder institucional han llegado a un nivel que amenaza no solo la integridad de las instituciones, sino también la propia supervivencia del Estado mexicano.
El futuro de nuestras instituciones, nuestra seguridad y nuestra democracia no solo está en juego; están en una encrucijada que podría definir el rumbo del país para las generaciones venideras.